40 bocas silenciadas

Un sacerdote pide que se investigue quién está detrás de la muerte de 40 niñas quemadas vivas en Guatemala

«Pero padre, está seguro de que puedo publicar esto?». «Sí, necesitamos que nos ayudes a denunciarlo, que exista presión a nivel internacional para que se esclarezcan los hechos». El sacerdote guatemalteco Sergio Godoy se pregunta cómo puede ser que en menos de una hora un promedio de 30 niñas fallecieran carbonizadas el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción sin que nadie las auxiliara. Se pregunta por qué la Policía, que estaba en las inmediaciones, «no se movilizó para romper el candado que había en la habitación de las muchachas». Dicen en su defensa que el policía con la llave no estaba en ese momento, pero ¿quién no rompe un candado para salvar a unas niñas?». Godoy se pregunta también por qué «no se permitió la intervención de los bomberos», algo que pone en evidencia «un crimen de lesa humanidad». En ese hogar, mal llamado seguro «había violaciones, torturas, trata de personas, y niñas embarazadas». Alguien está afanándose para que la verdad no salga a la luz. Su hipótesis es que el crimen organizado está detrás del suceso
El Hogar Seguro Virgen de la Asunción hacía tiempo que era un depósito de «niños descartados», utilizando «el mismo lenguaje del Papa Francisco». El padre Sergio Godoy, sacerdote guatemalteco coordinador del programa Comunidad Esperanza y socio local de Manos Unidas, describe el centro como un lugar donde iban a parar «chicos y chicas en conflicto con la ley, menores de edad enviados por jueces dada la situación de maltrato y abusos en el ámbito familiar, huérfanos y niños con necesidades especiales». En este lugar, donde vivían casi 750 menores aunque su capacidad era para 400, «no se tenían en cuenta ni las condiciones del menor ni el rango de edad», y estaba gestionado por personas sin vocación ni capacidad».

Este caldo de cultivo convirtió el hogar seguro en un foco «de corrupción donde se permitía la mala alimentación –hay niños que llevaban tiempo denunciando a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala que estaban comiendo alimentos con gusanos– el maltrato, la trata de personas y los abusos sexuales», lo que llevó a la rebelión a las niñas, separadas de los niños por pabellones.

Nadie abrió el candado

Todo ocurrió el 8 de marzo. Los responsables del centro abrieron la puerta para que las menores se marcharan, «supongo que por estar hartos de sus quejas». Pero poco después «recapacitaron sobre las consecuencias que podría tener la salida de las chicas y llamaron a la Policía para que sofocara la rebelión». De este encontronazo, afirma el padre Godoy, «hay fotos de niñas tiradas por el suelo y tratadas de forma indigna».

La Policía devolvió a las jóvenes al hogar, «encerrándolas en una habitación demasiado pequeña para la cantidad de chicas que había. Un contingente de alrededor de 100 agentes rodeó la casa y puso un candado a la habitación». Fue en ese momento cuando se desató la tragedia: una de las niñas prendió fuego a una colchoneta en señal de protesta y provocó la muerte de 40 compañeras. «30 de ellas murieron carbonizadas en un espacio muy corto de tiempo». Las otras diez han fallecido después, en hospitales guatemaltecos, «porque no han sido bien atendidas. Hay una niña que falleció a causa del dolor, porque nadie le dio analgésicos para aliviarla y entró en shock», denuncia el sacerdote. Ante esta situación, Manos Unidas ha ayudado en este primer momento dando respuesta a las necesidades más inmediatas solicitadas por el padre Sergio Godoy.

Estudiantes piden justicia ante la Universidad San Carlos de Guatemala. Foto: AFP Photo / Johan Ordoñez
Diversos representantes de la sociedad civil han presionado a las instancias gubernamentales para que las menores pudieran salir de los hospitales públicos. «Gracias A Dios, dos niñas fueron enviadas a EE. UU. para ser tratadas, pero una abogada que acompaña el caso me informó hace unos días de que, en Guatemala, un hospital privado subvencionado por los fondos de cooperación internacional españoles pedía 300.000 quetzales por tratar a cada chica. Esto hay que pedir que se investigue y se denuncie».

Cinco niñas desaparecidas

Otra de las preocupaciones del padre Sergio Godoy son las cinco niñas que desaparecieron en extrañas circunstancias tras el incendio. «Fue difícil determinar que faltaban chicas, porque no había ningún registro que certificase el número exacto de jóvenes en el hogar». Pero un informante anónimo dio un chivatazo días después del supuesto accidente, y las menores aparecieron en un hospital psiquiátrico de adultos. «Alguien las había escondido, y las niñas estaban con quemaduras de segundo grado sin ser tratadas».

La periodista pregunta con estupor el motivo. «Hay varias hipótesis, pero no se sabe nada de manera oficial. Todo apunta a gente ligada al crimen organizado, al narcotráfico y a la trata de personas». El motivo de hacer desaparecer a las chicas podría ser porque «probablemente sepan los nombres de los autores de los abusos y la trata de personas». De hecho, añade el sacerdote, «una enfermera anónima ha declarado que alguien le pidió que desconectaran los aparatos en su hospital para que las chicas no sobrevivieran».

No son las únicas muertes

«Casualmente» –y hace hincapié el sacerdote para que lo entrecomille–, unos días después del accidente hubo otro motín en un centro de menores cercano al Hogar Seguro Virgen de la Asunción. «Los chicos internos, entre los que había pandilleros, provocaron la muerte de cuatro de los monitores». Además, la noche de este lunes «fueron atacadas simultáneamente varias estaciones de la Policía que dejaron seis agentes muertos».

Para el sacerdote, «es la misma mano la que crea estos escenarios para generar una crisis institucional seria, porque favorece a los intereses del crimen organizado o de un sector político de extrema derecha». El objetivo de orquestar esta cadena de sucesos «es distraer a la opinión pública y desequilibrar al Gobierno», aunque, recalca, «está lleno de incompetentes».

Se necesita una nueva propuesta de ley

Mientras se esclarecen las oscuras circunstancias de estas muertes, el sacerdote pide a su país que, al menos, «se elabore una nueva propuesta de ley sobre la protección de menores». La última, de 2007, «no es aplicable en el día a día, porque no hay recursos públicos para pagar a gente preparada y competente. El sistema está diseñado mal, pero tampoco se han buscado otras salidas», advierte.

Quienes «lo hemos hecho mejor hemos sido las instituciones de la Iglesia y organizaciones sin ánimo de lucro, que contamos con profesionales mejor preparados. Por eso, en la nueva legislación, «es importante que se incluya la necesidad de que el Estado tenga en estas instituciones aliados para acompañar adecuadamente a los menores. No todo debe centralizarse en las instancias públicas, porque eso favorece la corrupción. Los niños tienen que ser el centro de las políticas».

La noche del martes, cientos de guatemaltecos acudieron a las vigilias de oración por las víctimas y por la paz en Guatemala organizadas en diversas ciudades y ante las embajadas en otros países. «Estamos al borde de la crisis institucional», sentencia el padre Sergio Godoy.

La iglesia pide que se investigue y se penalice a los responsables

El Papa Francisco expresó, durante el ángelus del pasado 12 de marzo, su cercanía «a la población de Guatemala, que vive en luto por el grave y triste incendio ocurrido en el interior de la casa refugio Virgen de la Asunción, causando víctimas y heridos entre los chicos que vivían allí». El Pontífice condenó la violencia y la explotación practicada contra los menores, y describió este tipo de acciones como «una plaga, un grito escondido que debe ser escuchado por todos».

También los obispos del país guatemalteco alzaron la voz tras un suceso que, como calificaron en su nota, «no se ha tratado de un simple accidente sino del trágico final de una situación irregular que había sido denunciada muchas veces».

En el texto, firmado por monseñor Gonzalo de Villa, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, los prelados pidieron «que se realicen las investigaciones pertinentes, la justa penalización de los responsables y la urgente elaboración de medidas preventivas para que no se repitan hechos como este».

ESCRITO POR: Cristina Sánchez Aguilar
@csanchezaguilar

FUENTE: www.alfayomega.es